En el debate económico peruano es fácil caer en las trincheras. Se habla de «ortodoxos» versus «progresistas”, de «continuidad» versus «cambio de modelo», y las posiciones terminan presentándose como barcos que navegan en direcciones opuestas. Una conversación reciente sobre las visiones de Elmer Cuba y Pedro Francke permite mirar el asunto con más calma y precisión.
El punto de partida fue una afirmación simple: Cuba, el economista que asumirá el Ministerio de Economía, no es un liberal clásico. Su pensamiento es pragmático y ecléctico: keynesiano en el corto plazo, clásico en el largo, defensor de la estabilidad macro y de un Estado que funcione. A partir de ahí surgió la comparación con Francke, figura de la centroizquierda técnica. ¿Están realmente tan lejos como sugieren los discursos?
La respuesta, después de revisar diagnósticos y propuestas, es más matizada de lo que suele admitirse.
Ambos coinciden en lo fundamental del problema peruano. El crecimiento de las últimas décadas no se ha traducido de manera suficiente en formalidad, mejores empleos y servicios públicos de calidad. La informalidad y la evasión tributaria son estructurales. El Estado es débil, a menudo ineficiente y, en los niveles subnacionales, corroído por la corrupción que deja obras inconclusas y abandona a los más vulnerables. Se necesita un Estado que realmente haga su trabajo: que fiscalice, invierta en capital humano, reduzca barreras absurdas y ejecute bien el gasto.
También comparten el horizonte. Quieren más formalidad, mejor recaudación (especialmente atacando la evasión), un Estado competente y menos corrupto, y una economía que se diversifique y entregue resultados sociales más amplios. La diferencia no está en el destino, sino en el grado de confianza sobre el camino.
Cuba tiende a confiar más en «abonar bien el terreno»: reglas claras, ajuste de barreras laborales y tributarias para formalizar, disciplina fiscal, inversión en educación e infraestructura, y dejar que la acción privada produzca la diversificación. Francke pone más énfasis en «montar el invernadero y usar fertilizante»: políticas más activas de diversificación productiva y una reforma tributaria orientada a capturar más renta de ciertos sectores para destinarla a objetivos sociales y productivos.
No son propuestas excluyentes. Un Estado más capaz y menos corrupto es condición necesaria para cualquier política redistributiva seria. Mejorar la formalización y la calidad del gasto es compatible con una mayor preocupación por la equidad de resultados. El debate legítimo está en el énfasis, la secuencia y la intensidad de la intervención, no en visiones antagónicas del país.
El problema es que el debate público ha llevado estas diferencias de grado a una dialéctica de extremos. Se presenta como si hubiera dos barcos cuando, en realidad, se trata del mismo barco con lecturas distintas sobre la velocidad y el tipo de remo necesario. Esa polarización artificial solo beneficia a quienes prefieren que el barco no avance o que el debate se mantenga en el terreno de las etiquetas.
Mirar el diagnóstico compartido y el horizonte común no elimina las diferencias reales de herramientas y prioridades. Pero sí permite devolver la discusión a un terreno más concreto y menos teatral. En un país que necesita avanzar, ese ejercicio no es un detalle menor.