La semana que está terminando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda de España, ha solicitado información a 60 entidades relacionadas con la adquisición o venta de criptomonedas.
Las entidades en cuestión van desde las instituciones financieras, casas de cambio, pasarelas de pago, cajeros automáticos y empresas que aceptan pagos con criptomonedas. El objetivo de Hacienda es recopilar información adicional a la que ya tienen a fin de analizar este mercado, y eventualmente a través de la Agencia Tributaria establecer regulaciones al respecto.
A las entidades bancarias se les ha solicitado información sobre cuentas bancarias de origen o destino de transferencias en las casas de cambio, información del titular, número e importe de abonos, y tarjetas vinculadas con esas cuentas. A las casas de cambio se les ha solicitado información sobre su actividad, la identificación de compradores y vendedores, importes de las transacciones y comisiones cobradas en euros. A los cajeros se les ha solicitado los contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas al funcionamiento, importes medios de compras y ventas diferenciando medio de pago y detalle de las operaciones realizadas.
Finalmente, son 40 empresas que publican en su página web que aceptan pagos en criptomonedas, a quienes se les ha solicitado determinar el porcentaje de facturación cobrado en criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y tipo de cambio aplicado, tratamiento que se da a las criptomonedas recibidas e identificación de las operaciones que realiza la empresa con criptomonedas.
En España está regulado el pago de impuestos por los beneficios que se obtiene al liquidar las criptomonedas adquiridas, y que se tratan como cualquier activo financiero. Hacienda ha señalado en diferentes ocasiones en el pasado que reforzaría los controles sobre este mercado, vigilando el uso de criptomonedas como Bitcoin. El pasado febrero el presidente de la Agencia Tributaria había hecho algunos comentarios en este sentido al ser preguntado respecto al uso de criptomonedas para el fraude fiscal o evasión de impuestos. Hacienda espera determinar la incidencia fiscal de estas tecnologías.
A diferencia de lo que viene pasando en Chile, no creemos que sea un movimiento contra el ecosistema, sino que es una acción propia de una institución reguladora, como también viene haciendo la SEC. La mayoría, si no todas, las casas de cambio operan con los protocolos y procesos de identificación de clientes (KYC, por sus siglas en inglés) y contra el lavado de dinero (AML). Las entidades involucradas no deben tener problemas en proveer esta información, que entendemos es para uso interno y no debería representar violación de otras leyes como la de protección de datos personales o las relacionadas a operaciones financieras.